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El Gobierno Vasco y las Diputaciones Forales están desarrollando dos actuaciones estratégicas para impulsar la instalación de banda ancha ultrarrápida en edificios públicos y áreas industriales de Euskadi. Estas iniciativas contribuirán a la mejora competitiva de la economía y de la industria vasca, así como en la igualdad de oportunidades en el acceso a la conectividad por parte de personas que residen en núcleos más o menos poblados.
A pesar de que Euskadi se sitúa a la cabeza del estado español en la implantación y extensión de banda ancha, los retos de mejora competitiva en materia industrial y social a los que se enfrenta la sociedad vasca, requieren de mejoras en las infraestructuras existentes.
Por lo que respecta a la situación actual de la banda ancha en Euskadi, el 6% de la ciudadanía reside en núcleos de población clasificados como “zona blanca” (aquélla en la que no existen redes de banda ancha de nueva generación y es poco probable que se desarrollen en un futuro próximo). Atendiendo a la conectividad de los hogares, el 7% de las viviendas se hallan en unidades de población de zona blanca.
Por lo que respecta a las condiciones de conectividad de las zonas de empresas y áreas industriales, el 45% de las zonas industriales (sean polígonos o zonas que concentran dos-tres empresas) se ubican en “zona blanca”.
Ante este escenario, se han abordado dos iniciativas concretas de mejora:
+ Extensión de fibra óptica a 1.700 edificios públicos de Euskadi
+ Extensión de banda ancha ultrarrápida al conjunto de áreas industriales de Euskadi.
Fibra Óptica con un mínimo de 30 Mb en 1.700 edificios públicos
Desde el pasado mes de abril se está ejecutando la instalación de fibra óptica en 1.700 edificios donde se ofrecen servicios públicos. Impulsado por la Dirección de Informática y Telecomunicaciones del Departamento de Hacienda, el Gobierno Vasco ha contratado un ancho de banda allá donde se ofrecen servicios de la Administración de la CAE, Centros de Salud (ambulatorios, hospitales…), Centros Escolares, Formación Profesional, Oficinas de Lanbide, y en los centros de KZGunea. Esta actuación arrancó en abril de 2016 y está previsto que concluya en octubre de 2016 con un presupuesto público de 8 millones de euros.
El hecho de habilitar fibra óptica en el conjunto de los edificios públicos de Euskadi dará paso a la posterior extensión de la fibra a los hogares particulares ya que se facilita la tarea de las operadoras de telecomunicaciones y abarata sus costes de despliegue.
Esta consecuencia se hace especialmente relevante en el caso de los núcleos de zonas rurales donde habitualmente las operadoras optan por no intervenir, produciéndose una mayor brecha en la conectividad entre las personas de municipios menos poblados con respecto a localidades donde se concentra mayor población.
Ahora, con la instalación de la fibra óptica en los edificios públicos de municipios rurales, se establece un punto de partida para seguir avanzando y acometer la extensión de la banda ancha a todos los hogares, caseríos y casas rurales ubicadas en las zonas blancas.
Desde la Dirección de Desarrollo Rural del Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad se está trabajando junto con las Diputaciones Forales en el diseño de lo que será la próxima actuación para garantizar plenamente el acceso a la banda ancha, también en los municipios más pequeños, de menor población y de ubicación más compleja.
Economía digitalizada y Basque Industry 4.0
Asimismo, la política en el impulso de infraestructuras de conectividad resulta crucial para el salto cualitativo que está dando la economía vasca en lo que se refiere al futuro de la economía digital, así como para la industria en el contexto de la estrategia Basque Industry 4.0.
El uso de las TEIC’s, la fabricación avanzada, la industria 4.0 requieren cada día de mayor conectividad y almacenamiento así como procesamiento de datos.
Dada la elevada demanda que existe por parte de las empresas para el uso cada vez más intensivo de Internet, el Gobierno Vasco y las Diputaciones Forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa consideran necesario proveer de este servicio al conjunto de empresas como un soporte que contribuya a la mejora competitiva de la actividad empresarial e industrial.
Por esta razón, el Consejo de Gobierno aprobó ayer una Orden de ayudas para la extensión de banda ancha ultrarrápida a zonas de empresas y áreas industriales.
La propia Unión Europea ha establecido como prioritaria esta línea de actuación permitiendo la concesión de ayudas públicas al desarrollo de infraestructuras de nueva generación.
Banda Ancha ultrarrápida en áreas empresariales e industriales
La convocatoria de ayudas, por un importe de 10.700.000 euros, incentivará el despliegue de las redes de banda ancha ultrarrápida en aquellas zonas geográficas de Euskadi en las que se realiza, o en las que se tiene previsto realizar actividades económicas, preferentemente industriales, que tienen la consideración de “zonas blancas NGA”, esto es, en las que ni existe, ni se prevé que exista en los próximos 3 años, infraestructuras de telecomunicaciones que permitan los servicios de acceso en condiciones de Banda Ancha NGA.
Esta iniciativa persigue que las empresas industriales dispongan de servicios de acceso a Internet de muy alta velocidad (al menos 100 Mbps) y con transferencia ilimitada de datos en ambos sentidos, en todas las áreas, en las que la concentración de actividades económicas lo requiera (incluso polígonos industriales de baja concentración empresarial).
Las ayudas se concederán a las empresas operadoras de telecomunicaciones que presenten propuestas de extensión de Banda Ancha NGA en los diferentes polígonos empresariales que no dispongan de cobertura de este tipo de red ni prevea planes de despliegue por parte de ningún operador en los próximos tres años.
Las ayudas se limitarán para la creación o adaptación de infraestructuras de red que sean susceptibles de ser utilizadas por las demás operadoras.
Las subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva por cada lote de polígonos empresariales, serán no reintegrables y supondrán el 40% de los gastos e inversiones subvencionables en cada proyecto.
El plazo máximo para resolver el procedimiento será de seis meses desde el día siguiente a la publicación en BOPV y el plazo máximo de ejecución de los proyectos será de 16 meses, contados desde la fecha de la notificación de las ayudas.
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